Todo sucede en una misma mañana, en distintos puntos del mapa de la Argentina y con una cámara que registra. En Oberá, Misiones, un actor interpreta a un tarefero que camina encorvado bajo el peso de un bolsón de yerba mate. En Nono, Córdoba, una abuela explica cómo curar la culebrilla con yuyos serranos. En Vera, Santa Fe, dos costureras le colocan lentejuelas a un traje de Carnaval. En El Bolsón, una joven egresada de la carrera de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la UNRN dice “acción” y así le da vida a su sueño de hacer cine en la Patagonia.

Estas escenas –mínimas, profundamente humanas– difícilmente llegarían a una pantalla si no existieran productoras audiovisuales radicadas en esas provincias, todas ellas organizadas como Cooperativas de Trabajo que decidieron contar las historias –sus historias– desde el lugar donde suceden y en el territorio que habitan.

Muchas de estas cooperativas nacieron al calor de políticas públicas que promovieron una mayor federalización de la comunicación y del acceso a la producción audiovisual, otras surgieron en el último tiempo, ante la falta de apoyo del INCAA y de un Estado no solo ausente, sino con un gobierno que se ha declarado enemigo de la Cultura y, en especial, de la industria audiovisual. Un sector que, vale la pena recordarlo, genera más de 600 mil puestos de trabajo en todo el país.

En ese contexto adverso, las cooperativas audiovisuales son una respuesta a necesidades concretas: romper con la centralidad histórica de Buenos Aires, por un lado, y construir otras formas de producir, narrar y trabajar en el cine y el audiovisual argentino, por el otro.

Durante décadas, quienes querían filmar una ficción, un documental o una serie debían instalarse en la Ciudad de Buenos Aires. Las decisiones creativas, los recursos técnicos y financieros, y los equipos humanos estaban concentrados allí. Cuando una historia ocurría en ciudades o pueblos de provincias, la lógica era casi siempre la misma: una productora porteña viajaba, filmaba y regresaba, llevándose consigo el relato y, muchas veces, también el sentido.

Ese esquema comenzó a resquebrajarse con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la creación de concursos federales de fomento y, más tarde, con el abaratamiento y la democratización de las tecnologías digitales. En ese contexto, empezaron a consolidarse productoras locales que eligieron la figura cooperativa como forma de organización del trabajo y de distribución de responsabilidades, saberes y derechos.

El escenario volvió a cambiar de manera drástica en los últimos años. La derogación de marcos regulatorios, el vaciamiento de políticas de fomento y, más recientemente, las decisiones económicas del gobierno de La Libertad Avanza –que incluyeron la disolución o paralización de organismos, programas y líneas de financiamiento– colocaron al sector audiovisual en una situación de extrema fragilidad. 

En este contexto de ajuste, la cultura y el audiovisual fueron señalados como “gasto” y no como inversión. La metáfora de la “motosierra” aplicada desde el Poder Ejecutivo encontró en el cine y la producción audiovisual un blanco recurrente. Frente a este escenario, las cooperativas no solo resisten: redefinen estrategias para seguir filmando.

Un ejemplo posible: Mondragón y la fuerza de lo colectivo

Mondragón es de esas experiencias que, lejos de la consigna vacía o la utopía abstracta, demuestran que es posible organizar el trabajo de otro modo. En el País Vasco funciona desde 1956 la cooperativa industrial –que se ha convertido en la más grande del mundo– integrada por decenas de cooperativas que abarcan sectores tan diversos como la industria, la tecnología, la automoción, la alimentación y los servicios. 

Allí, quienes ingresan no lo hacen como empleados eternos: tras un período inicial pasan a ser socios-trabajadores, con una participación obligatoria de capital –financiada por el propio banco cooperativo si fuera necesario– y con un principio rector tan simple como contundente: una persona, un voto.

Lejos de priorizar la maximización individual de ganancias, Mondragón reinvierte la mayor parte de sus excedentes en tecnología, formación, reservas y expansión, fortaleciendo el empleo y la sustentabilidad del conjunto. El capital no se fuga: queda en la empresa y en la comunidad. La brecha salarial interna es de apenas seis a uno entre el ingreso más bajo y el más alto, una diferencia abismal frente a las grandes corporaciones tradicionales. 

El resultado no es precariedad ni ineficiencia: facturan más de 12.000 millones de dólares anuales, emplean a más de 70.000 personas y compiten e importan sus productos a mercados internacionales de alta exigencia como China. Como sintetizaba su fundador, el sacerdote José María Arizmendiarrieta, el objetivo no es hacer personas ricas, sino sociedades ricas.

La referencia a Mondragón no es casual ni nostálgica. En el sector audiovisual argentino, la figura cooperativa vuelve a cobrar fuerza en un contexto adverso, marcado por la escasez de rodajes, la retracción del financiamiento y una creciente conflictividad laboral. 

Cooperativas audiovisuales, una federación nacional

En un escenario donde filmar se volvió una tarea excepcional y de enorme esfuerzo colectivo, los parates impulsados por disputas sindicales –como los conflictos que suelen sucederse con el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina SICA APMA, que derivan la mayoría de las veces en la interrupción de rodajes– tienen un impacto desproporcionado sobre producciones independientes, pequeñas y medianas, muchas de ellas autogestionadas y federales.

A esto se suma un problema estructural que atraviesa a trabajadores y trabajadoras del audiovisual: el acceso a la salud y a una cobertura previsional estable. En ese punto, las cooperativas no aparecen solamente como una forma jurídica, sino como una herramienta concreta de protección social, capaz de articular aportes, obras sociales y derechos laborales sin tener que depender de esquemas pensados para una industria concentrada en manos de las grandes plataformas pertenecientes, casi en su totalidad, a capitales extranjeros.

Frente a este panorama, distintas cooperativas audiovisuales de todo el país proponen realizar un Congreso para conformar la Federación Nacional de Cooperativas Audiovisuales en 2026. No se trata únicamente de defender condiciones de trabajo, sino de construir una voz colectiva capaz de incidir en debates gremiales, normativos y culturales.

Defender el derecho al trabajo audiovisual es también defender los derechos de autor, la diversidad de miradas y la posibilidad de seguir contando historias desde los territorios. En tiempos de ajuste y concentración, la conformación de una federación con articulación internacional aparece como una herramienta para compartir recursos, anticipar conflictos, sostener producciones y reafirmar una idea central: que lo colectivo no es una debilidad, sino una forma eficaz, democrática y profundamente política de organizar el trabajo y la cultura. El cooperativismo fortalece una industria audiovisual federal.