El Gobierno nacional ha optado por hacer campaña en el Congreso para eliminar un conjunto explícito de fondos que protegen la creación cultural y le asignan a este objetivo fondos específicos creados por Ley. Esto no es un reajuste técnico ni un cambio administrativo.

Es un proceso intencional de desfinanciamiento sistémico destinado a atacar el corazón mismo del sistema audiovisual argentino. La continuidad material de la producción cinematográfica y audiovisual nacional también está siendo cuestionada por primera vez desde el regreso a la democracia.

Este editorial está dirigido, entonces, directamente al Poder Ejecutivo y a los legisladores gubernamentales que respaldan esta propuesta. No como un gesto retórico, sino para sacar a la luz la dura realidad: avanzar en esta eliminación de fondos culturales no es una reforma. Es un daño estructural e irreversible.

El cine argentino no es accidental ni un lujo. Es el resultado de una política pública lo suficientemente larga como para evitar cualquier asimetría evidente: en ausencia de mecanismos de promoción, la producción audiovisual nacional queda inevitablemente subordinada a mercados externos con escalas, capitales y lógicas diferentes a nuestra realidad social y cultural.

La Ley de Cine 17741 no fue diseñada para proporcionar comodidad o para financiar expresiones complacientes. Fue diseñada para asegurar la existencia. Para que las historias locales pudieran contarse en un país sumido en crisis cíclicas, concentración económica y dependencia tecnológica. Para que el trabajo audiovisual –técnico, artístico, industrial– fluyera de manera consistente con reglas claras.

Es esta misma estructura legal la que permitió al cine argentino crear un lenguaje conocido y diversificado, uno que pudiera hablar al mundo y mantener su propia identidad. Esto no es un argumento ideológico; es un hecho reivindicado por décadas de participación tanto en festivales internacionales y premios, como en coproducciones y circulación cultural.

La eliminación de algunos fondos no corrige distorsiones; borra el sistema.

* Proyectos detenidos o descartados en una etapa avanzada del ciclo de desarrollo. 

* El cierre de pequeñas y medianas empresas de producción, que son el alma del cine independiente. 

* Miles de trabajadores –técnicos, actores, guionistas, editores, diseñadores, asistentes– sin trabajo en curso. 

* Falta de educación práctica para los nuevos ingresantes a la industria. 

* Gran borrado de la diversidad de voces y perspectivas en el espacio audiovisual.

Los fondos que se pretenden eliminar no ahorran recursos: demuelen toda una cadena de trabajo. Cada rodaje no logrado no es un gasto evitado; es una economía que se cierra.

El discurso oficial parece creer e insistir en que la cultura financiada por el Estado es un ejercicio peligroso de libertad, una aberración que debe desaparecer.

Existen herramientas de promoción pública en todos los países con industrias audiovisuales sólidas, sin excepción. No es romanticismo sino racionalización económica y cultural. El audiovisual es una profesión laboriosa, con retornos postergados y alto riesgo. Por definición, el mercado es algo que concentra, estandariza y quita diversidad.

Pretender que una producción nacional perdure sin las herramientas para protegerla es consentir su borrado gradual. Esto no es libertad: es abandono. El resultado no será un cine más efectivo, sino menos cine. Menos historias locales. Menos empleo. Menos pensamiento crítico.

Películas, series, documentales no son bienes distintos, son archivos de nuestro tiempo, son herramientas de memoria y lugares para sostener discusiones sociales. Cuando estas producciones son silenciadas, el debate democrático se empobrece.

El escenario postapocalíptico que lanza esta edición no es una metáfora hiperbólica. Es una síntesis precisa. Cineastas que filman como si el sistema hubiera colapsado. Profesionales técnicos que trabajan en una condición de extrema precariedad. La creación se convirtió en resistencia. Esa es la situación que el Gobierno parece dispuesto a normalizar.

Pero advertimos: cuando un país hace que sus creadores trabajen como sobrevivientes, lo que pierde es más que solo producción cultural. Se pierde el futuro.

Este llamado exige que cualquier programa que intente eliminar fondos de promoción cultural sea detenido de inmediato. Requiere que se abra una discusión sustantiva, iluminada y pública sobre el sistema audiovisual, con datos, con verdadera participación del sector y con el respeto de la historia institucional construida. La cultura es una inversión que no puede ser fácilmente eliminada. Una vez que eso se destruye, no puede ser fácilmente reconstruido.

Aun así, tal es el testimonio de una advertencia a tiempo. La responsabilidad ahora recae en el Gobierno nacional.